Observatorio Chileno de los Derechos de las PCD

Indicadores de estructura

10.1 Legislación promulgada para proteger el derecho a la vida de las personas con discapacidad, incluyendo sanciones penales para los autores de homicidios ligados a la discapacidad.

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Resultado	Análisis jurídico	Nota metodológica CDPD
En cumplimiento	– El art. 19 nº 1 CPR indica que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica de la persona. – El Art. 12 nº 21 del Código Penal establece como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, el cometer el delito o participar en él motivado por la apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca (disposición incorporada por la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación). – El Art. 12 nº 22 del Código Penal establece como circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, el cometer el delito en contra de una persona con discapacidad – La Ley 21.013 (6 de junio de 2017) incorporó al Código Penal nuevas penas, delitos, reglas procedimentales y de penalidad, respecto de conductas que involucren violencia y maltrato físico o síquico, en contra de PcD.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

10.2 Adopción de una política/plan para abordar y prevenir los homicidios y la violencia contra las personas con discapacidad.

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Resultado	Análisis jurídico	Nota metodológica CDPD
Incumplido	No se encuentran políticas o planes en el sentido descrito por el indicador	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

10.3 Existencia de una política/plan nacional para prevenir y llevar a cabo investigaciones efectivas de muertes de personas con discapacidad en todos los centros de detención y lugares en los que las personas con discapacidad reciban algún servicio (prisiones, instituciones psiquiátricas, instituciones residenciales, etc.) y sancionar a los autores.

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Resultado	Análisis jurídico	Nota metodológica CDPD
Incumplido	No se encuentran políticas o planes en el sentido descrito por el indicador	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

10.4 Existencia de una política/plan nacional que garantice que las personas con discapacidad, en particular las mujeres, los niños y las personas mayores, tengan acceso a servicios sanitarios costeables y de calidad, incluido el acceso a una cobertura de salud universal y el acceso a cuidados de emergencia (Ibíd. 25.3)

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Resultado	Análisis jurídico	Nota metodológica CDPD
Cumplimiento parcial	Si bien se reconoce el derecho a la prevención y rehabilitación de personas con discapacidad, y se ofrecen servicios específicos para la identificación y prevención temprana, no se constata la existencia de un plan o política nacional en el sentido descrito por el indicador.	Esto debe incluir: -No discriminación por discapacidad- Reconocer el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad;- Transversalizar programas y servicios de salud y prevención;- Servicios específicos dentro de los servicios generales de salud, que incluyen: identificación temprana e intervención temprana según corresponda (incluida la detección y planificación de la discapacidad en la primera infancia para la prestación de servicios específicos como fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla, comunicación del lenguaje de señas, estimulación de la primera infancia, etc.) provisión de ayudas de asistencia y dispositivos de movilidad;- Servicios que abordan la minimización y prevención de deficiencias secundarias- Todas las áreas de salud, incluyendo, entre otras, salud sexual y reproductiva, VIH / SIDA, salud de adolescentes y personas mayores, servicios de salud mental. Los servicios de salud mental deben proporcionarse como un servicio general disponible para todas las personas, incluidas las personas con cualquier tipo de discapacidad, y como un servicio específico para personas con discapacidad psicosocial. Dichos servicios deben basarse en el consentimiento libre e informado de la persona en cuestión y deben incluir una amplia gama de alternativas a los servicios convencionales, incluidos el apoyo de pares, el apoyo en caso de crisis, la psicoterapia y el asesoramiento.

10.5 Requisito legal para garantizar que se ofrezca y se concrete el apoyo para la toma de decisiones relacionadas con tratamientos para mantener a pacientes con vida.

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Resultado	Análisis jurídico	Nota metodológica CDPD
Incumplido	Sin perjuicio, de las disposiciones relativas a consentimiento informado que son aplicables a todas las personas, nuestro Código Civil mantiene vigente la institución de la interdicción por causa de demencia, lo que conlleva a la sustitución de la voluntad de la persona declarada jurídicamente incapaz, por aquella voluntad de su representante. En este sentido, el Comité solicita al Estado de Chile establecer un modelo de toma de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad.	En la toma de decisiones relacionadas con el tratamiento de soporte vital, se debe prohibir la sustitución en la toma de decisiones en favor de la toma de decisiones con apoyo. En aquellos casos en los que no ha sido posible determinar la voluntad y las preferencias de la persona interesada, después de esfuerzos significativos para obtener la expresión de la voluntad y las preferencias del individuo utilizando diversos métodos de comunicación y proporcionando adaptaciones y apoyo relevantes, el principio de la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona interesada deben ser sostenidas.

10.6 Adopción de un plan nacional de preparación para casos de desastre (Ibíd. 11.6).

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Incumplido	La Política Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres no contempla específicamente sistemas de alertas y protocolos inclusivos y accesibles, albergues inclusivos y accesibles, medidas específicas relativas a mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas mayores con discapacidad, entre otros aspectos exigidos por el Comité.	Dicho plan debe prever:-Sistemas de alerta y protocolos de evacuación inclusivos y accesibles.- Albergues inclusivos y accesibles, servicios de saneamiento, distribución de alimentos, acceso al agua, ropa, servicios de salud y rehabilitación, educación, generación de medios de vida, reunificación familiar;- Medidas específicas para prevenir y proteger contra la violencia.- Soporte para asistencia en vivo y dispositivos y tecnologías de asistencia.

10.7 Adopción de políticas inclusivas y programas para prevenir suicidio, lo que debe incluir:
– asegurar apoyo anónimo
– identificar y apoyar personas en riesgo de cometer suicidio, incluyendo el apoyo de pares y consejería y prohibiendo evaluaciones de riesgo que directa o indirectamente discriminen en base a la discapacidad o que puedan llevar a intervenciones coercitivas
– asegurar estar libre de intervenciones coercitivas.

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Cumplimiento parcial	Se considera parcial toda vez que no se encuentra en el programa nacional el aseguramiento del apoyo anónimo y la prohibición de evaluaciones de riesgo que puedan llevar a intervenciones coercitivas. – El Programa Nacional de Prevención del Suicidio dependiente del Ministerio de Salud (Subsecretaría de Salud Pública), vigente desde el 2013, se articular sobre los siguientes componentes: vigilancia de la conducta suicida, implementación de programas regionales intersectoriales de prevención del suicidio, programas de prevención del suicidio en el ámbito escolar, capacitación a equipos de salud de APS y servicios de urgencias, cobertura mediática del suicidio y sistema de ayuda en crisis.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

10.8 Cuando proceda, los procedimientos de terminación voluntaria de la vida (“muerte asistida”) deben cumplir garantías legales y salvaguardas institucionales sólidas e inclusivas de las personas con discapacidad, para verificar que las decisiones sean libres de presiones externas y de abusos, y el cumplimiento por parte de los profesionales médicos de la decisión libre, informada, explícita e inequívoca de la persona en cuestión.

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Resultado	Análisis jurídico	Nota metodológica CDPD
No aplica	No aplica	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

10.9 Ratificación por parte del Estado del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

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En cumplimiento	Ratificación depositada el 26 de septiembre de 2008	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

10.10 Legislación promulgada para abolir la pena de muerte en el estado, que incluya a personas con discapacidad.

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Resultado	Análisis jurídico	Nota metodológica CDPD
En cumplimiento	El 5 de junio de 2001 fue promulgada la Ley 19.734 que Deroga la pena de muerte. Normativa general que incluye a todas las personas.Aun cuando subsiste la pena de muerte en la justicia militar (Art. 216 del Código de Justicia Militar) el Art. 4.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

10.11 Implementación de un sistema de registro de defunciones que requiera un reporte oportuno de la muerte y un análisis que establezca la causa de la misma.

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En cumplimiento	El Servicio de Registro Civil e Identificación mantiene un registro de defunciones (Art. 4 Ley 19.477 que aprueba la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación). Así mismo, el Código Sanitario indica que los oficiales de Registro Civil deberán comunicar semanalmente a los Servicios de Salud, los datos necesarios para la clasificación y análisis estadísticos de las defunciones y fallecimientos fetales. A su vez, el Art. 141 del Código Sanitario prohíbe al Registro Civil la inscripción de defunciones e inhumaciones de cadáveres si no se justifican previamente las causas del fallecimiento mediante un certificado del médico que lo asistió en la última enfermedad. A falta de éste, corresponderá extender dicho certificado al Servicio Nacional de Salud en las condiciones que determine el Reglamento.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

Indicadores de proceso

10.12 Campañas y actividades de concienciación dirigidas a las personas con discapacidad, a sus familias y al público en general, la policía, funcionarios públicos y profesionales trabajando en servicios sociales y de salud, sobre el derecho a la vida de las personas con discapacidad y sobre las condiciones subyacentes necesarias para una vida digna, incluida la lucha contra estereotipos negativos, creencias y mitos que provocan los asesinatos o la violencia hacia ellas, o la restricción, la denegación o el retiro de tratamientos vitales, o que refuerzan las actitudes de que las personas con discapacidad tienen una vida de menor calidad o valor.

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