Indicadores de estructura

1/4. 1 Ausencia o retiro efectivo de:
– Reservas realizadas al ratificar o acceder al CDPD
– Declaraciones interpretativas de las disposiciones de la Convención que sean incompatibles con el objeto y propósito del tratado.

1/4.2 Ratificación del Protocolo Facultativo de la CDPD.

1/4.3 La adopción de medidas adecuadas para incorporar las disposiciones de la CDPD al ordenamiento jurídico nacional y garantizar su aplicabilidad y su cumplimiento por parte de los tribunales.

1/4.4 Leyes promulgadas a favor de los derechos de las personas con discapacidad que correspondan al propósito, definiciones, principios y obligaciones establecidas en la CDPD.

1/4.5 La adopción de un plan o estrategia nacional que tenga por fin adecuar el ordenamiento legal a las disposiciones de la CPDP.

1/4.6 La adopción de una estrategia o de un plan de acción nacional para la implementación de la Convención, que incluya plazos, indicadores y referencias específicos, recopilación de datos y diferenciación por tipo de discapacidad y por asignación de recursos.

1/4.7 Designación vía legal y/o reglamentaria de uno o más puntos de referencia dentro del gobierno (en todas las ramas y niveles del gobierno y en todos los ministerios, etc.) con la autoridad suficiente para transversalizar los derechos de las personas con discapacidad para la implementación de la Convención.

1/4.8 Visión de mejorar la implementación a nivel nacional, designación vía legal o reglamentaria de un mecanismo de coordinación gubernamental para facilitar la adopción de medidas en diferentes sectores y niveles, con una estructura y un mandato claros, capacidad de liderazgo y la autoridad suficiente para asegurar la transversalización e implementación de la Convención.

1/4.9 Disposiciones legales o reglamentarias que establezcan procedimientos y mecanismos inclusivos y accesibles para la participación de las personas con discapacidad, incluyendo niños, niñas y las organizaciones que los representan, a lo largo de todos los grupos de personas con discapacidad, en la elaboración e implementación de las leyes y políticas necesarias para aplicar la Convención.

1/4.10 Promulgación de leyes sobre el derecho a la libertad de asociación que sea inclusiva de las personas con discapacidad, en particular que apoye el desarrollo de organizaciones de personas con discapacidad, incluyendo la protección contra la intimidación, el acoso y las represalias, especialmente al expresar opiniones disidentes.

1/4.11 Disposiciones jurídicas que exijan la asignación de fondos del presupuesto nacional para apoyar el financiamiento del desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad a fin de que puedan participar en la elaboración y diseño de las leyes y políticas que implementen la Convención.

Indicadores de Proceso

1/4.12 Cualquier sistema de evaluación y certificación de la discapacidad debe ser compatible con la Convención, gratuito y accesible para todas las personas con discapacidad, incluyendo zonas rurales y remotas.

1/4.13 Asignación global de presupuesto para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad, desagregado por tipo de política y origen de los fondos.

1/4.14 Asignación de presupuesto que realice o promueva la investigación y el desarrollo de:

• Bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal.
• Nuevas tecnologías, incluyendo tecnologías de la información y la comunicación, ayudas a la movilidad y dispositivos y tecnologías asistenciales, dando prioridad a aquellas que tengan un costo asequible.

1/4.15 Disposiciones y medidas que aseguren que los sistemas de registro de las organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo, asociaciones, fundaciones, etc.) sean simples, flexibles, rápidos, accesibles, no onerosos (o asequibles) y/o sin costo (ibid. 29.23).

1/4.16 Presupuesto (incluyendo recursos procedentes de la cooperación internacional) asignado y distribuido entre las organizaciones de personas con discapacidad para su fortalecimiento y para garantizar su participación en la elaboración e implementación de leyes y políticas en línea con las disposiciones de la Convención. (similar a 33.17)

1/4.17 Número de capacitaciones financiadas por el Estado para fortalecer la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad. (similar a 33.19)

1/4.18 Número de funcionarios públicos involucrados en procesos de consulta que han recibido capacitación sobre derechos humanos con enfoque de discapacidad incluyendo la no discriminación y la provisión de ajustes razonables e información y comunicación accesibles.

1/4.19 Campañas y actividades de sensibilización para promover e informar a las personas con discapacidad y sus familias, a gestores de políticas públicas a nivel nacional y local, y al público en general sobre los derechos de las personas con discapacidad en virtud de la Convención, incluyendo su difusión, la de su Protocolo Facultativo y de las Observaciones Generales del Comité CDPD.

1/4.20 Número y proporción de funcionarios públicos (del nivel nacional al municipal), miembros y personal del Parlamento, y profesionales pertinentes, incluyendo por ejemplo, jueces, agentes del orden, profesionales de la salud, profesores, etc., que han recibido capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad (incluyendo provisión de ajustes razonables, ajustes de procedimiento y diseño universal).

1/4.21 Procesos de consulta llevados a cabo para asegurar la participación activa de niños, jóvenes y adultos con discapacidad, incluso a través de las organizaciones que los representan, en el diseño, la implementación y el seguimiento de las leyes, regulaciones, políticas y programas, investigación y capacitación, relacionados con los derechos de las personas con discapacidad en virtud de la Convención, desagregados por tema y ubicación geográfica.

1/4.22 Proporción de denuncias recibidas sobre presuntos incumplimientos de las disposiciones de la Convención, que hayan sido investigadas y resueltas; Proporción de aquellas resueltas a favor del denunciante, y Proporción de estas últimas que el gobierno o el responsable (por ejemplo, una escuela privada) haya cumplido con subsanar, todas ellas desagregadas por tipo de mecanismo.

Indicadores de Resultado

1/4.23 Número de reservas o declaraciones interpretativas sobre las disposiciones de la Convención.

1/4.24 Número de decisiones judiciales emitidas anualmente por los tribunales superiores nacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad en consonancia con los principios y las disposiciones de la Convención por año.

1/4.25 Número de leyes relevantes que han sido reformadas para armonizarlas con la Convención y sus disposiciones, desglosadas por tema.

1/4.26 Número de personas con discapacidad que se han sometido a una evaluación de la discapacidad y cuentan con un certificado de discapacidad, en comparación con las estimaciones estadísticas del número de personas con discapacidad.

1/4.27 Número de proyectos de investigación financiados por el Estado, concluidos o en curso, que cuentan o han contado con investigación participativa, investigación codirigida por personas con discapacidad o investigación dirigida por el usuario sobre:

• Bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal.
• Nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, ayudas a la movilidad y dispositivos y tecnologías de apoyo.

1/4.28 Número y proporción de organizaciones de personas con discapacidad que participan en los procesos de consulta para la implementación de la Convención, desagregado por tipo de organización, por grupo representado de personas con discapacidad y ubicación geográfica (basado en 33.26).

1/4.29 Número y proporción de actividades/procesos de consulta que involucren a personas con discapacidad, desagregados por tipo de organización y por grupo representado de personas con discapacidad.

1/4.30 Número de personas con discapacidad y organizaciones beneficiarias de actividades capacitación financiadas o proporcionadas por el Estado, desagregado por edad, sexo, discapacidad y ubicación geográfica.

1/4.31 Proporción de la población que considera que la toma de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desagregada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población (indicador 16.7.2 de los ODS) (Ibid. 29.32).