Indicadores de estructura

12.1 Legislación promulgada que:
– reconozca la capacidad de las personas con discapacidad para crear, modificar o poner fin a relaciones jurídicas en igualdad de condiciones con los demás;
– proteja el derecho y el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad de cualquier interferencia en todos los aspectos de la vida;
– elimine todas las formas de sustitución en la toma de decisiones;
– exija que los actores públicos y privados respeten en todo momento el ejercicio de la capacidad jurídica del individuo;
– provea de recursos rápidos y eficaces para anular y corregir cualquier restricción legal o práctica de la capacidad jurídica de una persona o cualquier falla en el respeto a la toma de decisiones sobre la base de una deficiencia real o percibida.

12.2 Que no haya disposiciones en la legislación o reglamentos que:
– restrinjan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad sobre la base de una deficiencia real o percibida; 
– restrinjan el disfrute y el ejercicio de la capacidad jurídica sobre la base de una deficiencia real o percibida con respecto a cualquier derecho;
– limiten o denieguen el acceso a los tribunales a las personas con discapacidad, incluso con el fin de invocar el restablecimiento de la capacidad jurídica.

12.3 Legislación promulgada que:
– reconozca los mecanismos de toma de decisiones con apoyo y garantice que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona, estando disponible para todas las personas;
– garantice que los mecanismos de apoyo formales e informales estén disponibles, sean accesibles y adecuados, y permitan la creación e implementación de diversos sistemas de toma de decisiones con apoyo;
– reconozca a la(s) persona(s) de apoyo y los acuerdos de apoyo que la persona que solicita apoyo estipule; 
– para los sistemas formales, establezca un mecanismo de verificación de la identidad de la(s) persona(s) de apoyo para impugnar las acciones de la(s) persona(s) de apoyo si se alega que no se corresponden con la voluntad y preferencias de la(s) persona(s); 
– incluya la planificación anticipada para el apoyo y la toma de decisiones, en la que la persona interesada define el momento en que una directiva anticipada entra en vigor y deja de tener efecto; 
– prevea el derecho a rechazar/modificar una relación de apoyo;
– ofrece salvaguardias contra los conflictos de intereses, la influencia indebida y el abuso de los acuerdos de apoyo, a la vez que garantiza que el apoyo respeta los derechos, la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona que solicita el apoyo, con recursos en caso de violaciones, presentación periódica de informes y evaluación de los mecanismos de apoyo en consulta con los grupos a los que concierna; 
– elimine el concepto de “interés superior” en la determinación del tipo y alcance del apoyo prestado a las personas con discapacidad;
– garantice la accesibilidad y el deber de adaptación en todos los contextos que requieran el ejercicio de la capacidad jurídica; 
– permita la interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona solo en los casos en que no ha sido posible determinarlas tras un esfuerzo considerable y habiendo utilizado diversos métodos de comunicación.

Indicadores de proceso

12.6 Número de solicitudes de ajustes de procedimiento y apropiados a la edad en los procesos de restablecimiento de la capacidad jurídica, y proporción de las mismas que se han concedido y ejecutado.

12.7 Número y proporción de personas con discapacidad a las que se les ha restringido su capacidad jurídica y que han sido informadas por las autoridades públicas de que su capacidad jurídica ha sido o puede ser restablecida.

12.8 Estándares de calidad adoptados para la toma de decisiones con apoyo, que abarquen los sistemas de apoyo formales e informales, la modificación o terminación del apoyo, de acuerdo con la voluntad y las preferencias del individuo, y el derecho a negarse a recibirlo.

12.9 Presupuesto asignado y gastado en programas para brindar toma de decisiones con apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

12.10 Investigación y desarrollo emprendidos para explorar, definir y satisfacer las necesidades de diversos grupos de personas con deficiencias, en estrecha consulta con esa población y las organizaciones que las representan en todas las etapas de la actividad.

12.11 Número de programas y servicios en funcionamiento ofreciendo un amplio rango de “apoyos centrados en la persona” desglosados por tipo e intensidad del apoyo, y el número de beneficiarios desglosados por sexo, edad, discapacidad, lugar de residencia y ubicación geográfica.

12.12 Número de personas capacitadas para prestar apoyo en la toma de decisiones a las personas con discapacidad, respetando su voluntad y preferencias, incluida la planificación anticipada.

12.13 Número de personas que han realizado planes anticipados de acuerdo con su voluntad y preferencias desglosados por edad, sexo, discapacidad, y asuntos cubiertos por dicho plan.

12.14 Existencia de mecanismos y procedimientos para el monitoreo de los acuerdos de apoyo formales o informales, que garanticen la participación de las personas con discapacidad, incluso a través de las organizaciones que las representan, en el proceso de monitoreo.

12.15 Campañas y actividades de concienciación dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, notarios, jueces y personal de los tribunales, proveedores de asistencia sanitaria, servicios financieros y otros agentes que participen en el ejercicio de la capacidad jurídica (proveedores de apoyo, familiares y comunidades) sobre el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y el derecho a solicitar apoyo para la toma de decisiones.

12.16 Número y proporción de jueces, notarios y otros profesionales del derecho formados en el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y en el derecho a recibir apoyo para la toma de decisiones desglosados por profesión.

12.17 Procesos de consulta emprendidos para asegurar la participación activa de las personas con discapacidad, incluyendo a las organizaciones que las representan, en el diseño, la implementación y el monitoreo de leyes, reglamentos, políticas y programas, en relación con el igual reconocimiento ante la ley y la toma de decisiones con apoyo y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica.

12.18 Proporción de denuncias recibidas sobre restricciones a la capacidad jurídica, ya sea legalmente o en la práctica, u otras violaciones del Artículo 12 de la CDPD que han sido investigadas y resueltas; proporción de las mismas resueltas a favor del denunciante, y proporción de estas últimas cumplidas por el gobierno o el responsable, desglosadas por tipo de mecanismo.

Indicadores de resultado

12.19 Número de personas con discapacidad formalmente privadas de su capacidad jurídica (total o parcialmente), desglosado por edad, sexo y discapacidad.

12.20 Número de personas con discapacidad a las que se les ha restablecido totalmente su capacidad jurídica, desglosado por edad, sexo y discapacidad.

12.21 Número de personas que solicitaron apoyo para la toma de decisiones y proporción de personas que lo recibieron, desglosados por edad, sexo, discapacidad y tipo o duración del apoyo recibido.

12.22 Número y proporción de personas con discapacidad que declaran que su solicitud de apoyo para la toma de decisiones fue satisfecha, desglosados por edad, sexo y discapacidad.