Observatorio Chileno de los Derechos de las PCD

Indicadores de estructura

16.1 Legislación que penaliza, protege y previene todas las formas de violencia, abuso y explotación, que incluya a las personas con discapacidad, con sanciones para los autores y recursos efectivos para la víctima

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En cumplimiento	– La Ley 21.013 que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial , incorporó el delito de maltrato relevante, sancionando al que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un NNA, a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad. Lo mismo en el caso que se ejerza algún deber de especial cuidado o protección respecto de alguna de las personas antes mencionadas. – La Ley 21.430 sobre Garantías de la Niñez, contiene el derecho a la protección contra la violencia, según el cual ningún niño, niña y adolescente podrá ser sometido a violencia, malos tratos físicos o psíquicos, descuidos o tratos negligentes, abusos sexuales o de cualquier otra índole, venta, trata, explotaciones, tortura u otro trato ofensivo o degradante. – La Ley 20.066 que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar , reconoce que es constitutivo de violencia intrafamiliar el maltrato que afecte la vida o integridad física o psíquica de la víctima, cuando esta conducta recaiga sobre una persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. https://bcn.cl/2n79h	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.2 Que no existan disposiciones en la legislación que permitan la exención de la penalización de prácticas no consentidas de cualquier tipo, incluidas aquellas basadas en la restricción/denegación de la capacidad jurídica, o en deficiencias reales o percibidas de la víctima o en la determinación del interés superior por parte de un tercero.

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Incumplido	– El régimen de incapacidad absoluta por demencia y de sustitución de voluntad mediante representación se encuentra consagrado en los Arts. 338, 390, 456, 460, 1445 a 1447 del Código Civil, y reforzados por la Ley 18.600.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.3 Adopción de un plan o política nacional para prevenir, detectar y combatir la violencia, el abuso y todas las formas de explotación, con referencia explícita a las personas con discapacidad, que aborde las necesidades particulares de mujeres, niños y niñas, adultos mayores y personas con todo tipo de discapacidad en entornos públicos y privados.

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Incumplido	No se hace referencia a personas con discapacidad en el Plan Nacional de Acción en contra de la Violencia hacia las Mujeres 2021-2030. Tampoco se encuentran planes o políticas sobre la prevención de la violencia hacia personas con discapacidad.	Deben considerarse entornos diversos, por ejemplo: hogar, escuela, internados, entornos comunitarios, instituciones de asistencia social (por ejemplo, orfanatos e instituciones residenciales), centros de salud (por ejemplo, hospitales psiquiátricos), residencias de ancianos, campos de oración, prisiones, entornos laborales, etc.

16.4 Adopción de programas para la recuperación, rehabilitación y reintegración social de víctimas de violencia, abuso y explotación, incluida la prestación de protección contra represalias y servicios de asistencia, incluyendo refugio y vivienda, que sean culturalmente adecuados, no discriminatorios e inclusivos hacia las personas con discapacidad.

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Incumplido	La información proporcionada no permite evaluar si el programa incluye consideraciones relativas al trato no discriminatorio e inclusivo hacia personas con discapacidad.	El indicador exige medidas específicas para mujeres, niños y personas de edad.

16.5 Obligación reglamentaria de recopilar datos sobre denuncias, investigaciones y condenas relacionadas con la violencia, el abuso y la explotación de personas con discapacidad, desagregados por sexo, edad, discapacidad y forma de violencia, abuso y explotación

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Incumplido	La Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar dispone que el Estado deberá crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos en relación con la violencia intrafamiliar (Art. 3 letra f)	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.6 Legislación promulgada para penalizar la violación y el matrimonio forzado y para eliminar todas las exenciones de penalización de cualquier práctica no consensuada basada en la unión conyugal.

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Incumplido	Nuestro ordenamiento jurídico no tipifica especialmente el delito de violación conyugal, y además, contempla una hipótesis según la cual se puede llegar a una exención de responsabilidad basada en la unión conyugal o convivencia.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.7 Medidas adoptadas para proteger a los niños y adultos con discapacidad que aún residan en instituciones y entornos residenciales de la exposición a la violencia, el abuso, la explotación, el abandono y otras violaciones.

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Incumplido	Se desconoce la aplicación de medidas que tengan por objeto proteger a niños y adultos con discapacidad en el sentido establecido por el indicador. No se encuentran en la mencionada Norma Técnica acciones en el sentido del indicador.	Las “instituciones” incluyen los entornos institucionales de carácter temporal o a corto plazo, como las salas de psiquiatría, y las instituciones a largo plazo.

16.8 Designación de autoridades independientes encargadas de llevar a cabo el monitoreo y las inspecciones periódicas de todos los centros y programas públicos y privados destinados a prestar servicios a las personas con discapacidad, con competencia para iniciar acciones legales a fin de hacer cumplir la legislación conexa, incluyendo aquella sobre prevención y lucha contra la violencia.

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En cumplimiento	– El Art. 6 letra h) de la ley 21.302 dispone que es función del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia supervisar y fiscalizar técnica, administrativa y financieramente la labor que ejecutan los colaboradores acreditados conforme a la normativa técnica y administrativa del Servicio respecto de cada programa de protección especializada, y a los respectivos convenios. Para estos efectos, la supervisión y fiscalización que deberá realizar el Servicio consistirá en el mecanismo de control a través del cual podrá aplicar sanciones a los colaboradores acreditados en los casos calificados por la misma ley. – El Programa de Residencias y Hogares Protegidos es de responsabilidad del Ministerio de Salud, y está radicado especialmente en los Servicios de Salud. Este programa se rige por la Norma Técnica del año 2000 del Ministerio de Salud.- Dentro de las funciones de la Defensoría de la Niñez se encuentra la de visitar los centros de privación de libertad, centros residenciales de protección o cualquier otra institución, en la que un niño, niña o adolescente se encuentre privado de libertad. En este sentido, además detenta la facultad de denunciar vulneraciones de derechos ante los organismos competentes.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.9 Reconocimiento legal de la denegación de ajustes razonables en instituciones públicas y privadas como discriminación basada en la discapacidad, que podría constituir una violación de la integridad mental o física y de la dignidad de la persona.

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Incumplido.	La definición de ajustes necesarios de la ley 20.422 no se ajusta a la definición de ajustes razonables del Art. 2 de la CDPD . Tampoco se reconoce en la legislación la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la discapacidad en todas las esferas de la vida.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.10 Legislación promulgada con la finalidad de penalizar las prácticas dañinas que comúnmente se cometen contra las personas con discapacidad.

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Incumplido.	El Comité exige la penalización de otro tipo de prácticas nocivas, como la ocultación de personas con discapacidad o tratamientos e intervenciones psiquiátricas no consentidas. Sobre lo último, nuestro ordenamiento jurídico en la ley 21.331 contiene la figura de internamiento forzado.	Por ejemplo, el matrimonio infantil y forzado, la mutilación genital femenina, las acusaciones de brujería, el confinamiento y la ocultación de personas con discapacidad, el tratamiento no consentido, como intervenciones psiquiátricas no consentidas, aborto forzado y anticoncepción forzada.

16.11 Legislación promulgada para prohibir la incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia y la “discursos de odio” que incluya explícitamente la discapacidad entre los campos protegidos.

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Incumplido.	El ordenamiento jurídico nacional no contempla el delito de incitación al odio o a la violencia por motivos discriminatorios. Solo se sanciona de forma acotada respecto de los medios de comunicación social y circunscrito a ciertos factores de discriminación que no incluyen la discapacidad.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.12 Disposiciones legislativas que penalicen la trata de personas y el tráfico de órganos y miembros, que hagan referencia explícita a las personas con discapacidad.

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Incumplido.	– El 1 de abril de 2011 se promulgó la ley 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal[1]. Dicha ley no contiene normas explícitas sobre personas con discapacidad.- Los Arts. 13 y de la Ley 19.451 que establece normas sobre el trasplante y donación de órganos, tipifica el delito de tráfico de órganos. Dicha ley no contiene normas explícitas sobre personas con discapacidad [1] https://bcn.cl/2k2m9	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

16.13 Programas inclusivos hacia niños y adultos con discapacidad que prevengan y protejan del tráfico y la explotación, incluyendo la mendicidad.

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Incumplido.	El Decreto Exento N° 2821 de 2008 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creó la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas MITP, encargada de coordinar el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas[1]. Dicho plan de acción se encuentra desactualizado, dado que rige entre el 2015 y 2018, y no considera especialmente a personas con discapacidad. [1] http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/noticias/plan-de-accion-nacional-contra-la-trata-de-personas-2015-2018/	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

Indicadores de proceso

16.14 Porcentaje de refugios y otras residencias temporales para las víctimas de violencia que sean plenamente accesibles en términos de entorno físico y comunicación por ciudad/región.

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