Observatorio Chileno de los Derechos de las PCD

Indicadores de estructuras

14.1 Constitución y legislación nacional que reconozcan el derecho de todas las personas con discapacidad a la libertad y seguridad de las personas en igualdad de condiciones con las demás.

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Cumplido	– El Art. 19 nº 7 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y seguridad individual. – La Ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, establece en su Art. 13 que la hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que procede en casos excepcionales que la ley indica. El mismo Art. Señala que “De ningún modo la hospitalización psiquiátrica involuntaria puede deberse a la condición de discapacidad de la persona”.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.2 Obligación legal de recopilar datos sobre el número de personas con discapacidad privadas de libertad, desagregados por edad, sexo, discapacidad, motivo de la detención y lugar de detención (por ejemplo, institución psiquiátrica, institución residencial, prisión, etc.; tanto de titularidad pública como privada).

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Incumplido	No se encuentra disposición legal en el sentido exigido por el indicador.	La privación de libertad abarca también el confinamiento en el hogar de las personas con discapacidad, lo que plantea serios problemas para la recopilación de datos en comparación con los datos procedentes de fuentes administrativas relacionadas con la privación de libertad en prisiones, instituciones psiquiátricas, etc. Los Estados deberían tratar de producir datos para abordar esta cuestión utilizando los medios apropiados.

14.3 Obligación legal de establecer un marcador de todos los gastos relacionados con el derecho de las personas con discapacidad a la libertad y la seguridad.

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Incumplido	No se encuentra obligación legal de establecer un marcador de gasto en el sentido del indicador	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.4 Que no hayan disposiciones en la constitución o en la legislación que permitan, directa o indirectamente, cualquier tipo de privación de la libertad sobre la base de una deficiencia real o percibida, ya sea por sí sola o en combinación con otros motivos (por ejemplo, cuidado, tratamiento, presunta peligrosidad, etc.) o como resultado de barreras relacionadas con la actitud, el medio ambiente, la información o la comunicación.

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Incumplido	– La Ley 21.331 del Reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de la salud mental, regula un proceso de internación psiquiátrica involuntaria, la que requiere del cumplimiento copulativo de las condiciones indicadas en el Art. 13 de la misma ley.	Para la verificación del indicador, el Comité exige que no exista legislación que permita la institucionalización forzosa, incluso con la autorización de un tercero.

14.5 Adopción de plan, políticas o legislación transicionales para asegurar la liberación inmediata de las personas con discapacidad privadas de su libertad sobre la base de una deficiencia real o percibida, incluyendo aquellas privadas de libertad en centros de salud mental para pacientes hospitalizados, y el cese inmediato de medidas restrictivas y coercitivas, incluyendo tratamientos forzados.

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Incumplido	No se encuentran planes, políticas o legislación en sentido establecido por el indicador.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.6 Legislación que provea un sistema penal y penitenciario inclusivo para las personas con discapacidad (por ejemplo, procedimientos, instalaciones y servicios accesibles e inclusivos durante la detención).

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Incumplido	No se encuentra legislación en el sentido establecido por el indicador.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.7 Legislación que garantice que todos los sistemas de detención administrativa (por ejemplo, la detención por inmigración) sean inclusivos para las personas con discapacidad y respondan al género y sean apropiados para diferentes edades (por ejemplo, procedimientos, instalaciones y servicios accesibles e inclusivos durante la detención).

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Incumplido	No se encuentra legislación en el sentido establecido por el indicador.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.8 Adopción de legislación y políticas para la promoción del uso de mecanismos de justicia reparadora y medidas no privativas de la libertad para evitar la encarcelación.

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Incumplido	No se encuentra legislación o políticas en el sentido señalado por el indicador. La Ley 18.216 que establece penas que indica como sustitutivas a las penas restrictivas o privativas de libertad, no contiene normas en el sentido de evitar la encarcelación de personas con discapacidad.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.9 Adopción de normas de accesibilidad obligatorias aplicables a las prisiones y otros centros de detención (Ibid. 15/17.10).

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Cumplido	No existen normas específicas para prisiones u otros centros de detención. Le son aplicables las normas generales contenidas en la Ley 20.422 y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), relativo a accesibilidad.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.10 Disposición en la legislación que garantice la obligación de proporcionar ajustes razonables a las personas con discapacidad privadas de libertad (Ibid. 15/17.11).

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Incumplido.	No existen normas específicas en esta materia.	El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador.

14.11 Disposición en la legislación que prohíba el uso de la reclusión y de cualquier método de restricción prescrito médicamente (físico, químico , mecánico, etc.), así como el uso de medicación psiquiátrica u otro tipo de intervención sin previo consentimiento libre e informado de la persona, incluidas las personas con discapacidad.

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Incumplido	No existen normas que prohíban o restrinjan las medidas señaladas por el indicador.En efecto, la intervención sin consentimiento libre e informado se mantiene vigente en nuestro ordenamiento jurídico. El Código Procesal Penal contiene normas relativas a los “enajenados mentales”, permitiendo la internación forzada en un establecimiento psiquiátrico, ya sea para su custodia o tratamiento (Art. 457). El mismo artículo Indica que será la sentencia que impone la medida de internación la que fijará las condiciones o tratamiento.	La restricción química incluye cualquier administración de medicamentos neurolépticos sin el consentimiento previo, libre e informado de la persona afectada.

Indicadores de proceso

14.12 Número de personas con discapacidad privadas de libertad en un centro psiquiátrico para pacientes hospitalizados o instituciones similares, y proporción de las mismas que han sido informadas de su derecho a ser puestos en libertad, al acceso a la vivienda, medios de subsistencia y otras formas de apoyo económico y social.

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