Indicadores de estructura
| 21.1 Legislación promulgada que reconozca el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y transmitir información de personas con discapacidad, con la definición de comunicación del Artículo 2 de la CDPD, elaborada en estrecha colaboración con organizaciones representantes de personas con discapacidad. 21.1.1 Marco legal que permita el acceso a la información dirigida al público en general en formatos y tecnologías accesibles de forma oportuna para todas las personas con discapacidad y sin costo extra (Ibid. 9.4). 21.1.2 Marco legal que establezca estándares obligatorios en materia de accesibilidad a la información y comunicaciones para los agentes públicos y privados que provean información y servicios al público en general, incluso a través de medios de comunicación masivos e Internet, así como las redes sociales. |
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| Resultado | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
| En cunplimiento parcial. | Si bien existen normas que establecen estándares obligatorios de accesibilidad en la transmisión de información, el reglamento que los regula contiene ciertas excepciones que debilitan el marco legal establecido. Asimismo, no se encuentra incorporada en nuestro ordenamiento jurídico la definición de comunicación del Art. 2 de la CDPD .Asimismo, la legislación no incluye disposiciones para proteger a personas con discapacidad de las repercusiones del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ni respecto a la inclusión de personas con discapacidad en posiciones relevantes dentro de la industria de las comunicaciones. | Respecto al derecho de libertad de expresión la legislación debería:-Evitar cualquier restricción que discrimine, directa o indirectamente, a personas con discapacidad.- Incluir disposiciones para proteger a las personas con discapacidad de la intimidación o las represalias relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. – Incluir medidas específicas para lograr la igualdad de facto a fin de incluir a las personas con discapacidad en la industria de los medios de comunicación en puestos relevantes para el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, mediante requisitos de diversidad en las solicitudes de licencias de emisión. |
| 21.2 Estrategia o plan nacional que mejore el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión por parte de las personas con discapacidad, así como su acceso a la información, incluyendo criterios de referencia, plazos y objetivos cuantificables. |
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| Incumplido. | No se encuentra una estrategia o plan nacional en el sentido señalado por el indicador. | Dicho plan debería incluir, entre otras cosas:-Medidas para concienciar a los funcionarios públicos sobre los diversos modos alternativos de comunicación accesibles para las personas con discapacidad;- Medidas para aumentar la disponibilidad de información pública en formatos alternativos;- Medidas para garantizar la disponibilidad de medios de comunicación alternativos para las comunicaciones oficiales;- Medidas para promover la inclusión de las personas con discapacidad como parte de la comunidad periodística, incluso mediante la prestación de apoyo y ajustes razonables durante la educación y la vida laboral. |
| 21.3 Legislación promulgada que reconozca el lenguaje de señas como una lengua oficial, y que garantice su uso en comunicaciones oficiales, como sea requerido o elegido por las personas con discapacidad. |
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| En cumplimiento parcial. | Nuestro ordenamiento jurídico contempla el reconocimiento de la lengua de señas como lengua oficial de las personas sordas. Sin embargo, el Comité ha señalado que el cumplimiento del indicador se verifica si la legislación contempla la definición de comunicación en los términos del Art. 2 de la CDPD y de ajustes razonables. | Esto debería incluir todas las variantes o dialectos, especialmente en el caso del lenguaje de señas, así como disposiciones sobre la no discriminación, los ajustes razonables y la definición de comunicación. |
| 21.4 Legislación promulgada que reconozca el Braille, el formato de lectura fácil, los subtítulos, la comunicación táctil, el apoyo a la comunicación y cualquier otro medio, modo o formato de comunicación utilizado por las personas con discapacidad, y que asegure su uso en interacciones oficiales, como sea requerido o solicitado por las personas con discapacidad. |
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| Resultado | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
| En cumplimiento. | El Art. 26 ter de la ley 20.422 dispone que el Estado reconoce como sistemas de comunicación oficial la dactilología, el sistema braille, técnicas de orientación y movilidad y otros sistemas de comunicación alternativos reconocidos, según lo establecido en el reglamento dictado para estos efectos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Las personas sordociegas serán libres de elegir el o los sistemas que deseen utilizar para comunicarse en su vida cotidiana. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
| 21.5 Estrategia y/o plan nacional para concienciar sobre el lenguaje de señas como lengua oficial, el Braille, el formato de lectura fácil y otros métodos, modos y formatos de comunicación utilizados por las personas con discapacidad, así como para dar apoyo tanto a su desarrollo como al desarrollo de los profesionales relacionados (por ejemplo, intérpretes de lenguaje de señas, traductores, asistentes personales), incluyendo criterios de referencia, plazos y objetivos cuantificables, elaborados con la participación activa de las organizaciones representantes de las personas con discapacidad. |
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| Resultado | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
| Incumplido | Sin perjuicio de la disposición legal referida, no se constata la existencia de una estrategia o plan nacional en el sentido expresado por el indicador. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
| 21.6 Obligación legal de establecer un marcador sobre todo el gasto público para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de las personas con discapacidad. |
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| Incumplido. | No se encuentra una obligación legal en el sentido descrito por el indicador. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
| 21.7 Obligación legal de recopilar datos sobre medidas para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información y las comunicaciones, incluyendo relaciones oficiales. |
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| Resultado | Análisis jurídico | Nota metodológica CDPD |
| Incumplido. | No se encuentra una obligación legal en el sentido descrito por el indicador. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
Indicadores de proceso
21.8 Tasa de inscripción de personas con discapacidad en cursos de formación de enseñanza superior para periodistas profesionales y otras profesiones pertinentes, desagregada por discapacidad.
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21.9 Proporción de notificaciones previas de organizaciones de personas con discapacidad para llevar a cabo manifestaciones y actividades de toma de conciencia al aire libre recibidas por las autoridades gubernamentales, en relación con el número total de notificaciones presentadas con los mismos fines, desglosadas por grupo de discapacidad representado.
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21.10 Número y proporción de todo el personal público con responsabilidades en relación con la comunicación y el acceso a la información, incluyendo aquellos en instituciones donde pueda ocurrir la detención de personas con discapacidad, que reciben capacitación sobre el acceso a la información para las personas con discapacidad y formatos alternativos de comunicación.
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21.11 Campañas y actividades de concienciación sobre la accesibilidad de la información y sobre los estándares obligatorios de accesibilidad para la información y la comunicación, dirigidas a los agentes públicos y privados, incluidas las personas con discapacidad y sus organizaciones.
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21.12 Número y proporción de agentes privados que proporcionen información y servicios al público (en particular, los que mantienen un contrato con el Estado o han obtenido una licencia del mismo) que han recibido orientación para cumplir con los estándares obligatorios de accesibilidad.
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21.13 Proporción de emisiones televisivas y proporción de tiempo que incluye interpretación en lenguaje de señas, audiodescripción, subtitulación y otras características y medios relacionados con la accesibilidad, desglosados por titularidad del medio de comunicación (privados/públicos), tipo de emisión (noticias/otros programas, incluyendo programas para niños) y las herramientas o funciones de accesibilidad que ofrecen.
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21.14 Proporción del contenido disponible dentro de los servicios “a la carta” o no lineales (por ejemplo, servicios de vídeo a la carta) que incluyen interpretación en lenguaje de señas, audiodescripción, subtitulación y otras características y medios relacionados con la accesibilidad, desglosados por titularidad del medio de comunicación (privados/públicos) y herramientas o funciones de accesibilidad ofrecidas.
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21.15 Proporción de aplicaciones y páginas web estatales que cumplen con los estándares de accesibilidad (Ibid. 9.12).
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21.16 Número de informes publicados en formatos accesibles por autoridades del gobierno dirigidos al público en general, desglosados por tipo de formato, y proporción de los mismos del total de informes (Ibid. 9.15).
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21.17 Número de intérpretes de lenguaje de señas y otros profesionales relevantes, incluidos taquígrafos y personal de apoyo a la comunicación para personas con discapacidad intelectual, certificados profesionalmente y autorizados oficialmente para ejercer, en particular en relación con las comunicaciones oficiales, en comparación con el número personas con discapacidad que solicita sus servicios.
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21.18 Presupuesto asignado a las medidas destinadas a garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad, desglosado por tipo de medida (por ejemplo, concienciación, desarrollo de capacidades, provisión directa de medidas de accesibilidad, etc.).
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| Resultado indicador | Observaciones | Notas del comité |
| $127.000.000 | Cursos en líneagratuitos para funcionarios públicos academia.senadis.cl | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
21.19 Procesos de consulta emprendidos para asegurar la participación activa de las personas con discapacidad, incluyendo las organizaciones que las representan, en el diseño, aplicación y monitoreo de leyes, reglamentos, políticas y programas relacionados con el derecho a la libertad de expresión y opinión, y el acceso a la información.
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| Resultado indicador | Observaciones | Notas del comité |
| 4 | 1) 2020: se ejecutó un diagnóstico sobre el panorama de los espacios de incidencia y plataformas de participación ciudadana para la inclusión de las personas con discapacidad, incorporando datos nacionales y experiencias internacionales. 2) SENADIS realizó una jornada de diálogo que convocó a más de 74 representantes de organizaciones sociales de y para personas con discapacidad 3) Encuentro Nacional por la Inclusión de las personas con discapacidad (2019), que formó parte de “El Chile que Queremos” 4) En el año 2020, SENADIS realizó una consulta pública para recoger la percepción sobre la implementación de la Ley N°21.015. | Este indicador requiere verificar las actividades concretas emprendidas por las autoridades públicas para involucrar a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones relacionados con cuestiones que les afectan directa o indirectamente, de conformidad con el artículo 4.3 de la CDPD y la Observación general Nº 7 del Comité, incluidas reuniones de consulta, sesiones informativas técnicas, encuestas de consulta en línea, solicitud de comentarios sobre los proyectos de ley y políticas, entre otros métodos participativos. A este respecto, los Estados deben: – asegurar que los procesos de consulta sean transparentes y accesibles; – garantizar el suministro de información adecuada y accesible; – no ocultar información, condicionar o impedir que las organizaciones de personas con discapacidad expresen libremente sus opiniones; – incluir tanto a las organizaciones registradas como a las no registradas; – garantizar una participación temprana y continua;cubrir los gastos relacionados de los participantes. |
21.20 Proporción de denuncias recibidas que aleguen negación o restricción del derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información de las personas con discapacidad que han sido investigadas y resueltas; proporción de las mismas que han sido resueltas a favor del denunciante, y proporción de estas últimas cumplidas por el gobierno o responsable; todas ellas desglosadas por tipo de mecanismo.
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| Resultado indicador | Observaciones | Notas del comité |
| 2 | Denuncias recibidas durante el año 2022. | El comité no entrega aclaraciones metodológicas para este indicador. |
Indicadores de resultado
21.21 Número y proporción de personas laborando como periodistas que sean personas con discapacidad, desglosadas por edad, sexo, discapacidad, tipo de medio de comunicación (por ejemplo, televisión, radio, etc.) y su titularidad (pública o privada).
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21.22 Proporción de los diferentes grupos lingüísticos de la población que tienen acceso a las transmisiones de los medios de comunicación en su propio idioma, desglosado por idioma, incluido el lenguaje de señas.
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21.23 Número y proporción de solicitudes de información pública que se conceden a personas con discapacidad en formatos accesibles, en relación con el total de solicitudes de información pública, desglosadas por agencia o ente público que las responde (Ibid. 31.15).
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21.24 Proporción de la población cubierta por una red móvil, desglosada por tecnología (indicador ODS 9.c.1), edad, sexo y discapacidad.
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21.25 Proporción de personas que utilizan Internet (indicador ODS 17.8.1) desglosadas por edad, sexo y discapacidad.
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| Variable | Categoría | Sexo | ||
| Hombre | Mujer | Total | ||
| Condición de discapacidad | Nacional con discapacidad | 61,2% | 62,6% | 61,9% |
| Nacional sin discapacidad | 80,5% | 75,8% | 79,2% | |
| Tipo de dificultad | Visual | 82,2% | 68,0% | 73,4% |
| Auditiva | 52,0% | 60,2% | 56,0% | |
| Física | 54,6% | 59,9% | 57,1% | |
| Cognitiva | 100% | 72,6% | 82,2% | |
| Comunicativa | 100% | 71,3% | 80,5% | |
| Cuidado personal | No datos | No datos | No datos | |
| Región de Residencia | Metropolitana | 62,9% | 63,9% | 63,4% |
| Arica y Parinacota | 63,0% | 62,0% | 62,5% | |
| Tarapacá | 82,3% | 69,2% | 73,7% | |
| Antofagasta | 0% | 58,9% | 46,6% | |
| Atacama | 79,9% | 42,0% | 61,4% | |
| Coquimbo | 22,5% | 70,4% | 54,3% | |
| Valparaíso | 69,9% | 65,6% | 67,6% | |
| O’higgins | 49,1% | 46,4% | 47,6% | |
| Maule | 24,9% | 84,7% | 47,3% | |
| Ñuble | No datos | No datos | No datos | |
| Bío Bío | 70,7% | 60,4% | 65,1% | |
| Araucanía | 65,2% | 82,7% | 76,8% | |
| Los Ríos | 54,8% | 49,9% | 52,3% | |
| Los Lagos | 100% | 17,5% | 50,4% | |
| Aysén | 53,6% | 52,8% | 53,1% | |
| Magallanes | 31,1% | 100% | 68,4% | |
| Pertinencia a Pueblos Originarios | Pertenece a un pueblo originario | 60,2% | 61,8% | 61,1% |
| No pertenece a un pueblo originario | 61,3% | 62,7% | 62,0% | |
